[general_biol] Encuentro Nacional de la Docencia Universitaria y Preuniversitaria. Defendamos la universidad pública de su destrucción
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Thu Aug 27 15:42:42 -03 2020
ENCUENTRO NACIONAL DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA Y PREUNIVERSITARIA.
DEFENDAMOS LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE SU DESTRUCCIÓN
Pongamos en pie un movimiento de lucha en los colegios y facultades de
todas las universidades nacionales
Los abajo firmantes, docentes e investigadores universitarios,
delegados, activistas, agremiados a distintas sindicatos hacemos pública
esta declaración y llamamiento a docentes, investigadores, creadores,
estudiantes y no docentes.
Como nunca antes en la historia de la universidad, se demostró que el
sistema educativo quedó librado a la suerte de estudiantes, docentes,
investigadores, creadores extensionistas y trabajadores universitarios.
Desde el 20 de marzo hasta hoy, el Ministerio de Educación, la
Secretaría de Políticas Universitarias, el CIN y todas las gestiones de
los rectores y decanatos, siguen dictando resoluciones, recomendaciones
o protocolos, que vulneran nuestros derechos. Lo hacen amparados en la
excepcionalidad de la pandemia que ha reforzado –no, inventado- el poder
centralizado de las camarillas universitarias.
Al demos universitario lo mantienen muteado y en sus casas.
Nos han forzado a una relación pedagógica bajo la modalidad de la
virtualización forzosa sin presupuesto, sin recomposición salarial, sin
equipamiento ni conectividad, sin un tiempo para convertir los dictados
presenciales, sin capacitación en servicio, sin atender a las
situaciones ambientales por completo trastornadas.
Convirtieron el acceso y la enseñanza en la universidad en algo virtual,
aparente antes que real, con docentes sobrecargados de trabajo y con
estudiantes más desiguales y desconectados.
La precarización generalizada con la virtualización forzosa de nuestras
condiciones de trabajo no es una excepción sino parte de la que están
sufriendo millones de trabajadores de otras actividades. Las patronales
y los gobiernos están imponiendo reformas laborales regresivas de hecho
utilizando la emergencia generada por la pandemia. Los salarios se han
deteriorado con paritarias congeladas y millones han caído en situación
de pobreza al haber perdido todo ingreso. El IFE solo ha llegado a una
parte de quienes lo solicitaron y es una cifra mínima en relación a lo
perdido en los ingresos familiares. La violencia institucional y el
gatillo fácil se han multiplicado. La aprobación de la ley de
legalización del derecho al aborto legal, seguro y gratuito se ha
postergado sin fecha.
Ahora no solo pretenden convertir la excepción en regla, profundizando
la política de virtualidad con programas de ciberpatrullaje para vigilar
estudiantes, sospechados culpables antes que la cámara diga lo
contrario. En un cuadro donde el mandato de las patronales exige a los
gritos la vuelta al trabajo y la circulación de las familias
trabajadoras en el momento de mayor contagio, el ministerio presenta un
protocolo que pretenden imponer una presencialidad sin haber hecho en
estos meses una sola inversión para que, cuando las condiciones
sanitarias lo permitan, se produzca un retorno, necesario, a las aulas,
talleres y laboratorios. Sin estas condiciones será una “nueva
normalidad” basada en una presencialidad forzosa en la que no existirán
las más elementales condiciones de seguridad y protección en la mayoría
de las universidades.
No llegamos a esta situación por la pandemia y la cuarentena. Es el
resultado de una persistente política de desvalorización de la educación
y la universidad pública cuyas manifestaciones están sobre expuestas.
Se cumplen veinticinco años de la Ley de Educación Superior menemista,
la que estudiantes y docentes enfrentamos en las calles y en las aulas
para denunciar un plan de destrucción de una conquista histórica de
nuestro pueblo: la universidad laica, estatal, gratuita, científica. La
sostuvieron sobre la base del reconocimiento y pago serial de una deuda
pública canjeada por educación.
La sostuvieron todos los gobiernos desde entonces, aplicando una
progresiva caída de nuestros salarios que habían alcanzado la media
canasta familiar para el cargo testigo que hoy solo alcanza a un tercio
de la misma. Lo sostuvieron con falsos cogobiernos y estatutos
universitarios que nada tienen que ver con el espíritu de la reforma del
18. Lo hicieron con la reducción presupuestaria que solo alcanza para
cubrir los salarios y algunos gastos de funcionamiento. Con la
permanente y ahora actualizada amenaza contra nuestros derechos
jubilatorios. Lo hicieron con la carencia de becas, albergues, comedores
y transportes que llevan la deserción masiva de los estudiantes, más del
70% de los ingresantes no se gradúa. La infraestructura es obsoleta y
escasa, se trata de paliar tomando deuda externa desde hace 10 años, y
se mantiene entonces el concepto de deuda por educación. La falta de
inversión en equipamiento tecnológico se puso de evidencia en la
pandemia, cuando la carencia de equipamiento, conectividad y software
por parte de estudiantes docentes, investigadores creadores son parte
del fracaso de la virtualización. Ahora se pretende que los docentes nos
endeudemos para acceder al equipamiento cuando la ley y el CCT obligan
al Estado a proveerlos.
La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau)
vigila y castiga cada currícula y si algo se escapa simples actos
administrativos del Ministerio de Educación como la resolución 1254/18
descalifica las titulaciones e incumbencias profesionales vigentes. Se
impuso el arancelamiento masivo en las carreras de posgrado e incluso en
tecnicaturas y carreras de grado
El mentado cogobierno dio un salto cualitativo antidemocrático
fortaleciendo las camarillas que ejercen su poder feudal en las
universidades. La autonomía es una caricatura en manos de rectores y
decanos. El crecimiento exponencial de los negociados privados a través
de la “generación de recursos propios” en cada universidad es la base
material del sostenimiento y dominación de las camarillas. Llegaron al
extremo de paralizar sus órganos de cogobierno y pasaron a gobernar por
decretos ad referendum.
La otra cara de la moneda es el crecimiento de la matrícula en las
universidades e institutos privados; y una mayor integración de los
sistemas estatales y privados que dio otro salto en 2017 con la creación
del Sistema de Nacional de Reconocimiento Académico (SRNA) que habilita
el “trasvase” de estudiantes entre universidades y sistemas
“estandarizando” los programas como otra comoditie. Un claro ejemplo de
mercantilización y privatización
Todo esto es el andamiaje institucional para la injerencia directa en
los planes de estudio y en los proyectos de investigación científica de
las corporaciones empresariales. Los fondos de la empresa (mega) Minera
Alumbrera aceptados por la enorme mayoría de los gobiernos
universitarios, las becas y pasantías para estudiantes de grado de
Monsanto y Techint o la gravitación del Banco Santander, son algunos
ejemplos que muestran la intervención de las multinacionales en la
universidad pública argentina. Hoy en plena pandemia a causa del
Covid-19, a través de la virtualización forzosa y el teletrabajo
docente, la UNESCO, la OIT las multinacionales tecnológicas y de
telecomunicaciones junto a los gobiernos, los tecnócratas y las
burocracias sindicales pretenden imponernos el “paraíso flexibilizador”
de quienes promueven el ajuste del FMI y la lógica mercantilista de la
LES.
No podemos dejar pasar el bochornoso “festejo” de algunos rectores
frente a la renegociación de la deuda con los bonistas. Un acuerdo que
significará la transferencia millonaria al capital financiero de
recursos que deberían estar destinados a salud, educación e inversión
frente a la crisis que ha profundizado la pandemia. Este acuerdo ha sido
votado por ambos bloques mayoritarios, tanto del gobierno actual como
del bloque Juntos por el Cambio. Y ha sido saludado por rectores que,
además, firman en nombre de algunas Universidades, en una decisión de
camarilla que obviamente, no expresa a la mayoría de la comunidad
universitaria, que claro, nunca fue consultada.
Es evidente, por lo tanto, que no somos los docentes, los
investigadores, los creadores, ni los estudiantes, ni los trabajadores
universitarios, los responsables de esta crisis que ahora nos tiran para
que “salvemos el año”.
Las direcciones de las burocracias sindicales de CONADU, FEDUN, CTERA,
UDA y FAGDUT son las que pusieron sus firmas a una y otra acta de
entrega salarial, de las condiciones de trabajo y pedagógicas a todos
los gobiernos desde la Alianza hasta hoy pasando por el Macrismo. Son
socias privilegiadas en desmovilizar y entregara las luchas para que la
mercantilización y la privatización continúen. La organización
independiente de todos los gobiernos, rectores y gestiones es un
requisito para defender una universidad al servicio de la mayoría
popular.
Como si faltara, las burocráticas Fedun y Conadu lanzan un
pronunciamiento en nombre de “los trabajadores universitarios” para
apoyar el pago de la deuda externa, que implicará ir más a fondo con el
plan de ajuste del FMI, que condiciona nuestras condiciones de trabajo y
de vida, y profundiza la precarización educativa.
Tampoco surgirá de una medida aislada, como lo resolvió la Conadu
Histórica, que no permite despegar en un verdadero plan de lucha en
todas las universidades y colegios preuniversitarios No se ha tenido el
protagonismo, la orientación e iniciativas para colocar en el centro de
la agenda el conjunto de nuestros reclamos.
La organización independiente de todos los gobiernos, rectores y
gestiones es un requisito para defender una universidad al servicio de
la mayoría popular. Por eso nos pronunciamos por la defensa de todos los
derechos de estudiantes y docentes y no docentes, con más razón en este
cuadro de extrema vulnerabilidad de las y los trabajadores. Aumento de
salario y paritarias libres. Reconocimiento y aplicación del CCT en
todas las universidades. Más designaciones docentes. Ningún docente
interino, monotributista o sin convenio. Basta de trabajo gratuito como
ad honorem o adscripto. Implementación de las recomendaciones elaboradas
por las asambleas de base y el Plenario de la Conadu Histórica.
Incremento de becas, sus montos, y provisión de equipamiento y de
conectividad para estudiantes y docentes, costeado por los fondos
públicos. Actualización del presupuesto universitario.
Acompañamos la lucha que becarixs e investigadorxs de CONICET llevan
adelante en el reconocimiento de su trabajo, por la actualización
salarial de los estipendios y salarios y por la elaboración y aplicación
del convenio colectivo de trabajo.
Por eso nos pronunciamos por un encuentro de la docencia para deliberar
y resolver un plan de lucha de la docencia pre y universitaria de todo
el país.
En este sentido, nos pronunciamos por impulsar un polo de apoyo de todas
las luchas del sindicalismo combativo y los distintos sectores del
pueblo trabajador (juventud precarizada, estudiantes combativos,
movimiento piquetero, movimiento de mujeres, víctimas de la violencia
institucional, etc.) para expresar en las calles nuestras demandas. Para
que la crisis no sea descargada nuevamente sobre la clase trabajadora.
Compañeras y compañeros, están amenazadas nuestras condiciones de
trabajo y la universidad pública que defendemos. Necesitamos poner en
pie un movimiento por una universidad sobre nuevas bases.
Antonio Rosselló (secretario de Organización de Conadu Histórica)
Arturo Gómez (secretario de Acción Social Conadu Histórica; Secretaría
Gremial ADU San Luis)
Ileana Cellotto (secretaria general de AGD UBA)
Nahuel Toledo (comisión directiva ADUNM, asociación de trabajadores
docentes de la Universidad Nacional de Moreno)
Sofía Cáceres Sforza (Sitradu, UNER)
Christian Castillo (docente UBA/UNLP)
Malena Lenta (comisión directiva AGD-psicología, UBA)
Patricio Grande (secretario Adjunto, Adunlu, Luján)
Jorgelina Matusevisius. (secretaría de Acción Social Conadu Histórica
suplente; secretaría Gremial AGD-UBA Suplente)
Juan Balusi (comisión directiva de ADIUC Córdoba)
José Mini (Directivo ADICUS, UNSJ)
Germán Noguera (cuerpo de delegados de ADULP)
Marcelo Hernández (secretario de DDHH Adunlu, Luján)
Natalia Álvarez (delegada preuniversitaria ADU, Patagonia San Juan
Bosco)
Lucía Hellin (comisión directiva AGD-FFyL, UBA)
Gladys Perri (secretaria de Organización Adunlu, Luján)
Gastón Remy (UNJU, Jujuy)
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