[Todos decanato] "De la anarKia a la diKtadura", por Armando Ribas

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DE LA ANARKÍA A LA DIKTADURA

 

Armando P. Ribas

 

Dícese que el gobierno ha politizado la elección en la Capital Federal, cuando 
tan sólo se trata de una elección municipal. Esto es cierto, pero más cierto 
aun es que el gobierno ha politizado toda la vida nacional a través del llamado 
a la lucha de clases. Más allá de que háyase usado o no esa nomenclatura, es 
evidente que el llamado al enfrentamiento entre los ricos y los pobres no es 
otra cosa que el planteo de la lucha de clases. Demás está decir que la politización 
de la vida nacional no es otra cosa que el maniqueísmo político que engendra 
el totalitarismo.

El hecho de que creamos que no se debe politizar la elección de la Capital, 
no significa que podamos evitarlo, pues es sabido que se necesitan dos para 
bailar el tango, pero sólo uno para la guerra. Por tanto, una vez que ha sido 
politizada dicha elección, no queda más remedio que aquellos que no compartimos 
el proyecto decididamente hegemónico del gobierno, que participemos de la misma. 
Es decir, hay que luchar por todos los espacios del poder que limiten el accionar 
hegemónico del Ejecutivo.

Es indudable, asimismo, que hace rato que la Constitución Nacional y los derechos 
que ella garantiza son un papel mojado en la vida cotidiana. El pueblo, ese 
pueblo que tanto aman los políticos, se encuentra sometido por una parte a 
la arbitrariedad de los gobiernos y sus burocracias y por la otra a los desmanes 
de nuevos S.A. de la Argentina que responden al nombre de piqueteros. La anarquía 
callejera que permite violar el artículo 22 de la Constitución se complementa 
con la acción del gobierno que viola el artículo 29.

A los efectos de aclarar estos conceptos, me voy a permitir citar los dos artículos 
mencionados:

"Art. 22: El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes 
y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de 
personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste 
comete delito de sedición."

"Art. 29: El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional ni los Legisladores 
provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni 
la suma del poder público, ni otorgarle sumisiones o supremacías por las que 
la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos 
o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable 
y sujetarán a los que lo formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad 
y pena de los infames traidores a la patria."

Desde su advenimiento, este gobierno democrático hizo escarnio de la ciudadanía 
con la invitación a Fidel Castro, paladín de la dictadura más sangrienta que 
haya padecido América Latina, y facilitarle hablar en la Facultad de Derecho. 
Al amparo de esta magna figura, la señora Hebe de Bonafini, igualmente señera 
de la lucha por los derechos humanos (de los guerrilleros, no de los ciudadanos), 
llamó públicamente a la revolución armada sin que a las autoridades se les 
moviera un pelo, y las demandas judiciales al respecto fueron rechazadas. Más 
recientemente, el señor D’Elía ha hecho igualmente público su llamado a la 
guerra civil e igualmente el artículo 22 de la Constitución brilla por su ausencia. 
Y en el mismo sentido, por aquello de que a "Dios rogando y con el mazo dando" 
los piqueteros interrumpen el paso por doquier y destruyeron la Plaza de Mayo, 
mientras el gobierno les paga a costa de los impuestos que pagan los ciudadanos 
por su labor "social".

Por su parte, el gobierno desde su llegada ha violado los más elementales principios 
jurídicos, en su lucha contra las Fuerzas Armadas y contra la Corte Suprema 
de Justicia. Así se intenta la revisión de cosa juzgada y aun el desconocimiento 
de la soberanía nacional al aceptar la extradición de los militares a solicitud 
de un juez español, que olvida hacer lo propio en su país. Afortunadamente, 
la fiscalía española más sabia o más consciente de lo jurídico frente a lo 
político ha rechazado tal demanda. Por su parte, el Congreso, en otro aporte 
al Foro nacional, ha "anulado" las leyes de punto final y obediencia debida, 
desconociendo una vez más la competencia de los distintos poderes de la Nación 
y usurpando el que le compete a la Corte Suprema. Demás está decir que sí sería 
competencia de la Corte Suprema declarar la inconstitucionalidad de la ley 
de acefalía que en su artículo 4º dice paladinamente que la Constitución no 
se aplica.

En su lucha contra la Corte Suprema, el gobierno olvida su propia naturaleza 
jurídica que surge de la evidente inconstitucionalidad de la ley de acefalía 
y así como del Código Electoral en lo referente al ballotage. Mientras el circo 
impera en la Casa Rosada, supuestamente en búsqueda de una legitimidad del 
poder no alcanzado durante el proceso electoral, el pan permanece esquivo al 
resto de la ciudadanía que no participa de la política del "piqueterismo social".

Mientras la situación económica languidece bajo el peso de la inseguridad jurídica 
existente y la evidente ausencia de un programa coherente, se acerca la fecha 
del 9 de Septiembre próximo en que vence el plazo para el pago al FMI. Comparto 
el pensamiento del Ministro Lavagna, aparente manzana de la discordia dentro 
del gobierno nacional, de que el pago de la deuda debe condicionarse al crecimiento 
económico. Casi podría decir que intentar pagar la deuda a costa del crecimiento 
es un sueño imposible. Pero el crecimiento no sólo depende de que se llegue 
a un arreglo propicio con los acreedores, sino de que se abandone el circo 
y el enfrentamiento creado por el gobierno en todos los órdenes.

Así se debe arreglar el problema creado a los bancos, fundamentalmente por 
el absurdo jurídico y económico de la pesificación asimétrica, y tal como señalara 
Scioli, en contra del señor Di Vido, que se ajusten las tarifas públicas, y 
no que se enfrente e insulte a los inversores extranjeros, como hiciera el 
Señor Presidente en su reciente viaje por España y Francia. Debo reconocer, 
no obstante, que si bien la declaración de default con el beneplácito y aplauso 
de la mayoría del Congreso Nacional fue un hecho deleznable, no fue menos irresponsable 
el propiciar un programa económico desequilibrante que resultara en una deuda 
impagable. Lo que sí no es cierto, es la dicotomía maniquea que ha surgido 
en la demonización del denominado neoliberalismo. A esta patraña se ha sumado 
recientemente el payaso que asuela a Venezuela, que parece que hubiera aplicado 
el "neoliberalismo" en su país, pues la economía venezolana anda peor que la 
argentina y el desastre se logró durante su gobierno.

El programa de desequilibrio que surgió con la denominación de la convertibilidad 
y que fuera apoyado por el FMI en sucesivas ocasiones, no es una alternativa 
al denominado modelo productivo. El desequilibrio producido y que fuera similar 
al que produjera la crisis en México, el Sudeste de Asia, Brasil, los países 
nórdicos, etc., no fue otro que el resultado de lo que he denominado el neosocialismo. 
Es decir, de la incompatibilidad entre la política fiscal y la política monetaria 
y cambiaria. O sea "solidaridad" en el gasto y "ortodoxia" monetaria y cambiaria. 
La receta del desastre.

Lo que se necesita, entonces, es dejar de ideologizar la situación presente 
y reconocer que necesitamos un acuerdo con el FMI, un acuerdo con los bancos, 
un acuerdo con los acreedores y un acuerdo con las empresas proveedoras de 
servicios. La política social y el circo con militares, la Corte et al., si 
bien puede mejorar las encuestas, está muy lejos de mejorar la vida de los 
argentinos. Sólo la seguridad jurídica en todos sus aspectos podría atraer 
nuevamente la inversión necesaria para lograr la necesitada recuperación económica. 
Para ello, igualmente es necesario que el acuerdo con el FMI incluya la reducción 
de impuestos a la vez que la eliminación de impuestos distorsivos. El gasto 
ha bajado en términos reales, pero si el nivel de imposición se mantiene es 
como si no hubiese ocurrido en su impacto sobre el sector privado. El actual 
nivel impositivo lo único que logra es el mantenimiento de la evasión como 
única alternativa viable para permanecer en el mercado.

La economía no es una ciencia aparte de la ética y de la política; el haber 
aceptado esa falacia ha sido a mi juicio un error fundamental del liberalismo 
en la Argentina. Por tanto, no se puede propiciar un programa económico coherente 
al tiempo que se permite y facilita que el gobierno ocupe todos los factores 
del poder. Por tanto, la elección en la Capital, ya politizada, es imprescindible 
ganarla, o mejor dicho que el gobierno no tenga ese baluarte político en su 
proyecto hegemónico. Macri es la única alternativa. 

 

 

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