[Decanato] [FCEyN] Novedades sobre la Ley de Financiamiento Universitario

[Comunicación ExactasUBA]

La Justicia mantiene la cautelar y ordena al Gobierno cumplir con la Ley
de Financiamiento Universitario 

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 rechazó el pedido
del Poder Ejecutivo Nacional para levantar la medida cautelar vigente en
la causa iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional y, en una
resolución vinculada, hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la
Universidad de Buenos Aires. Ambas decisiones refuerzan la obligación
del Estado Nacional de cumplir con la Ley 27.795 de Financiamiento
Universitario. 

En la causa colectiva impulsada por el CIN [1], el juez Martín Cormick
consideró que no cambiaron las condiciones que dieron origen a la
cautelar y que el Estado no logró demostrar que los acuerdos en materia
salarial y becas hayan resuelto el deterioro de los ingresos y la
pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras del
sector universitario. Por ello, rechazó el pedido de levantamiento y
ordenó al Gobierno informar, en un plazo de tres días, el grado de
cumplimiento de la medida y los avances alcanzados en relación con los
compromisos asumidos. 

En paralelo, el juzgado hizo lugar a la medida cautelar solicitada por
la Universidad de Buenos Aires [2] y ordenó al Poder Ejecutivo Nacional
ejecutar de forma inmediata las partidas presupuestarias previstas en la
Ley 27.795 para gastos de funcionamiento de las unidades académicas y de
los hospitales de la Universidad, recomposición salarial, becas y
presupuesto de investigación. De esta manera, el juez revocó su propia
decisión de abril de 2026, en la que había declarado insustancial el
tratamiento de la cautelar y, por lo tanto, admitió el pedido de la UBA
en el marco de la acción de amparo acumulada a la causa del Consejo
Interuniversitario Nacional, que es la causa central por el cumplimiento
de la Ley de Financiamiento. 

El juez sostuvo que se encuentra acreditada una "inobservancia clara e
incontestable de un deber jurídico concreto por parte del Estado" y
consideró que existen "perjuicios graves de imposible reparación
ulterior vinculados, entre otros aspectos, con el deterioro de los
ingresos del colectivo universitario". También señaló que la falta de
cumplimiento de la ley puede afectar el derecho a enseñar y aprender. 

Las decisiones se producen después de que la medida cautelar dictada en
la causa colectiva del CIN fuera confirmada por la Cámara Nacional de
Apelaciones y quedara firme tras el rechazo de un recurso extraordinario
del Estado Nacional por parte de la Corte Suprema, el 25 de junio de
2026. 

En ambos expedientes, además, el juzgado dispuso reanudar el trámite de
las causas principales para avanzar hacia el dictado de las sentencias
definitivas.

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